La Fiscalía General podrá formalizar la acusación contra la exfuncionaria por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Este miércoles en la noche se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá ratificó lo que ya había ordenado desde hace unos días el Juzgado 8 Especializado de Bogotá, al indicar que no hay méritos suficientes para acceder al pedido que había elevado el abogado defensor de Sandra Liliana Ortiz Nova.
De esta manera se rechazó el pedido que había hecho su defensa de anular el proceso, y por ende en los próximos días se podrá radicar el escrito de acusación en su contra y ahora la Fiscalía General de la Nación tiene vía libre para llamar a juicio a la boyacense nacida en Paz de Río, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La fiscal María Cristina Patiño ha expuesto en distintas audiencias que la exfuncionaria, presa por este escándalo, es quien entre el 12 y 14 de octubre de 2023 entregó 4.000 millones de pesos en efectivo a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Al parecer, ella entregó esos recursos que salían del erario público porque el Gobierno Nacional quería que los dos legisladores les votaran a favor sus propuestas en el Congreso. Para llevarlos a la casa de Iván Name, en Bogotá, habría servido de enlace el exsubdirector de la Unidad Sneyder Pinilla, hoy condenado por estos hechos.
El rol de Ortiz, según el ente acusador en esta empresa criminal para desfalcar a la UNGRD habría sido determinante y los delitos por los que la exconsejera para las Regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro responde son lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, de los cuales ella se ha declarado inocente.
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En los últimos meses, la exsenadora del Partido Verde, ha indicado que quiere colaborar con la administración de justicia, delatando a sus presuntos socios a cambio de obtener un principio de oportunidad que le dé una rebaja de pena. No obstante, la Fiscalía no ha querido negociar con ella debido a que nota inconsistencias en sus testimonios.
«Estos principios de oportunidad se fundamentan en la confianza y la veracidad de la prueba. No sentimos que podemos confiar en una persona que varía, es errática y entrega información que debería ser confidencial hasta que se terminaran las negociaciones», dijo al respecto hace unos días la fiscal María Cristina Patiño.
*Con información de EL TIEMPO