El país afronta un momento decisivo en el sector eléctrico debido a la marcada amenaza de un déficit de energía firme hacia el periodo 2029-2030.
Lo anterior ha llevado a que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) organice una subasta para marzo de 2026 con el objetivo de asegurar la cobertura de la demanda futura.
Según los cálculos del sector eléctrico, la brecha de energía firme —capacidad robusta asegurada para soportar picos de demanda y periodos críticos como los causados por un fenómeno de El Niño— se proyecta en un 4 % a 6 % del total de la demanda nacional.
Si no se actúa con rapidez y eficacia, el sistema podría verse enfrentado nuevamente a situaciones de racionamiento o apagones localizados, advierten los expertos.
El reto es mayúsculo: de acuerdo con los gremios, el país debe asignar unos 1.500 MW adicionales en la próxima subasta, de los cuales al menos 700 MW deberían provenir de fuentes térmicas tradicionales —hidroeléctricas de embalse o plantas a gas o carbón— que brinden respaldo firme al sistema.
Esto contrasta con la experiencia reciente, donde en la subasta de 2024 cerca del 99 % de las Obligaciones de Energía Firme (OEF) fueron adjudicadas a proyectos solares, lo que dejó al sistema vulnerable en periodos de baja radiación o demanda elevada.
Los obstáculos para cerrar la brecha son múltiples e interrelacionados: se señalan trámites ambientales demorados, congestión en redes de transmisión, demoras en interconexión y un marco regulatorio considerado por los generadores como “incierto”, lo que desincentiva la inversión en capacidad firme.
La presidenta de Asociación Colombiana de Generadores de Energía eléctrica y alternativas‑energías (Acolgen), Natalia Gutiérrez, ha advertido que “tenemos inseguridad jurídica, atrasos en redes y proyectos … y una falta de señales claras que comprometen la estabilidad del sistema”.
El Gobierno Nacional, por su parte, ha dado un paso importante con la expedición del Decreto 1091 de 2025 —firmado por el presidente Gustavo Petro— con el propósito de generar la “gran subasta” de energías limpias que permita acelerar la transición energética, garantizar seguridad jurídica para inversionistas y reducir a largo plazo las tarifas.
Sin embargo, los especialistas insisten en que incrementos en renovables intermitentes deben venir acompañados de respaldo firme para que la confiabilidad del sistema no se vea comprometida.
El cronograma es exigente: considerando que la construcción de una planta hidroeléctrica o térmica puede tardar entre cuatro y seis años desde la adjudicación hasta su puesta en operación, el país entra en una cuenta regresiva para que la capacidad adjudicada en 2026 esté lista para 2029.
Si los tiempos se dilatan, se amplían los riesgos de desabastecimiento.
En resumen, el sector eléctrico colombiano se encuentra en una encrucijada: sumar capacidad firme de manera oportuna, asegurar condiciones regulatorias claras para los inversionistas y balancear la transición hacia energías limpias sin descuidar la estabilidad del suministro.
La subasta de la Creg se perfila como el instrumento clave para evitar que el país enfrente nuevamente apagones o restricciones en los próximos años.