Un enfático llamado hizo el gobierno de Nayib Bukele al de Gustavo Petro por la red transnacional que opera desde la cárcel de máxima seguridad ubicada en Boyacá.

Desde la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, una de las más vigiladas del país, una estructura criminal montó un esquema de extorsión telefónica que afectó a ciudadanos de El Salvador y otros países de la región, valiéndose de al menos 101 teléfonos celulares activos dentro del centro penitenciario.

El propio presidente salvadoreño Nayib Bukele hizo la denuncia de que ha identificado que, desde la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, se estaría controlando una red de estafas telefónicas que afecta a ciudadanos de varios países de la región mediante llamadas que simulan secuestros.

Ese centro penitenciario alberga a cerca de 2.800 reclusos de alto perfil, entre ellos narcotraficantes, jefes paramilitares y guerrilleros con condenas que superan los 50 y 60 años de prisión. Aun así, según la información compartida por los aliados internacionales de El Salvador, en ese penal había más de 101 teléfonos encendidos al mismo tiempo, usados para ejecutar las estafas.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad del Salvador, expuso el modus operandi de los delincuentes que realizan llamadas en las que hacen creer a las víctimas que han sido secuestradas por supuestos integrantes de carteles, principalmente el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Según autoridades de El Salvador, los delincuentes se comunican con personas que ofrecen servicios u oficios en redes sociales. Fingen interés laboral o comercial y concretan una cita. Durante el desplazamiento, y a través de preguntas aparentemente inocentes —apoyadas en herramientas como Google Maps—, recopilan información clave sobre el vehículo, la ropa de la víctima o si va acompañada.

Cuando la persona llega al lugar acordado, por lo general una zona apartada, recibe la llamada decisiva: le aseguran que está secuestrada, dicen actuar en nombre de un cartel y le exigen el pago de una suma de dinero para “liberarla”. Como parte del engaño, le ordenan apagar el teléfono mientras ellos contactan a sus familiares para reforzar la amenaza.

El fiscal general Rodolfo Delgado detalló que esta red no se limita a una sola modalidad. Sus integrantes también están vinculados a estafas por supuestos envíos de maletas, falsas inversiones y alquileres vacacionales. El patrón es el mismo: generar urgencia, aislar a la víctima y explotar el miedo. “No hay evidencia de personas lesionadas ni de secuestros reales. Nadie ha visto físicamente a un captor. Todo ocurre en la mente de la víctima”, explicó el ministro de Seguridad.

Los afectados —en su mayoría trabajadores de oficios como fontaneros y electricistas— son citados a lugares apartados, donde reciben instrucciones, entregan información personal y son presionados para pagar dinero a cambio de una supuesta liberación.

“El modus operandi es el mismo: llaman a un fontanero o a un electricista, lo citan a un lugar despoblado, le hacen creer que está secuestrado y le exigen dinero”, explicó el ministro.

Las investigaciones, añadió, apuntan a una organización criminal asentada en la cárcel de Cómbita, en Colombia. Dijo que desde ese centro penitenciario se han identificado más de 375 números telefónicos utilizados para las estafas, con prefijos de Colombia (57), México (52) y Guatemala (502).

Con apoyo tecnológico de Estados Unidos, las autoridades lograron rastrear el origen de las llamadas y establecer que actualmente hay más de 101 teléfonos activos operando desde esa prisión. Villatoro enfatizó que estos engaños no representan un riesgo físico real y descartó la existencia de secuestros o carteles operando en El Salvador.

“La solución más sencilla es no pagar y simplemente regresar a casa o al trabajo”, señaló. En la misma línea, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el país mantiene control territorial y que no existe una amenaza real de secuestro. “En El Salvador no hay una sola persona secuestrada. Son llamadas telefónicas destinadas únicamente a estafar”, afirmó.

El fiscal Delgado explicó que desde enero de 2024 se detectó la operación de estas estafas desde el extranjero y que, mediante la operación Escudo Virtual, se logró identificar a cerca de 2.000 personas utilizadas para movilizar los recursos obtenidos ilícitamente, así como desmantelar más de 114 estructuras financieras asociadas a la red.

Y advirtió que se trata de una organización criminal transnacional que opera en varios países de Latinoamérica e insistió en la importancia de la denuncia ciudadana, la cooperación internacional y la protección de datos personales para enfrentar este tipo de delitos.

En agosto del año pasado, la Policía Nacional de Colombia desmanteló un call center criminal dentro del centro penitenciario El Barne, también en Cómbita. En ese operativo fueron incautados 105 celulares, tres módems, 53 tarjetas SIM, 23 directorios con información de víctimas, cerca de cien accesorios electrónicos y 29 armas cortopunzantes.

El material audiovisual difundido entonces mostró teléfonos y cargadores ocultos en compartimentos de difícil acceso, incluso dentro de las lozas de las paredes de las celdas, lo que permitía a los internos mantener la actividad criminal sin interrupciones y con conexión permanente a internet.

Desde El Salvador, Villatoro pidió al Gobierno colombiano acciones urgentes. “No se entiende cómo en una cárcel de América Latina los reos tienen acceso a esta cantidad de teléfonos y SIMs. Somos salvadoreños, hondureños, dominicanos, panameños, costarricenses, peruanos, bolivianos, chilenos y argentinos los que estamos pagando las consecuencias”, afirmó.

Por su lado, desde la cárcel La Modelo, en Bogotá, durante un acto oficial del INPEC, el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, anunció que dio la orden de bloquear la señal de telefonía celular en la cárcel de Cómbita. “No pueden seguir existiendo cárceles donde haya mejor señal que afuera”, dijo.

Según explicó, el Inpec y la Uspec avanzan en la instalación de inhibidores de señal y Cómbita será el primer centro en el que se aplique de forma prioritaria, seguido por Valledupar y La Dorada.

_{*Con información de El Colombiano y EL TIEMPO}