Un operativo adelantado hace ya dos semanas por parte de la Policía generó un rechazo colectivo en San Pablo de Borbur que ha impedido a la empresa Fura Gems la normalidad en sus trabajos.
El operativo adelantado por uniformados de la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal (Unimil), en apoyo con el Ejército y acorazados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo), en el que les quemaron herramientas y accesorios a mineros que adelantan su labor en inmediaciones del sitio conocido como Coscuez originaron un mitin de guaqueros que ya completa dos semanas impidiendo el acceso a la explotación minera por parte de Fura Gems.
A pesar de que, en reunión adelantada el miércoles pasado en la Gobernación de Boyacá y donde se lograron desmontar seis de los nueve puntos de bloqueo, con el anuncio de una nueva reunión este martes, desde la multinacional Fura Gems, dueña del título minero, le enviaron una carta dirigida a: la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de San Pablo de Borbur, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Cruz Roja Colombiana y a demás autoridades competentes:
“Quienes suscribimos este comunicado -trabajadores de COSCUEZ S.A., sus familias, proveedores, contratistas y miembros de la comunidad local-, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación ante la grave crisis que atraviesa nuestra región por los bloqueos que impiden el normal funcionamiento de la Mina Coscuez.
La historia de San Pablo de Borbur y de la zona esmeraldífera de Boyacá ha estado marcada por décadas de conflictos armados y disputas violentas por el control de las minas, hechos que dejaron una herida profunda en nuestra comunidad: pérdida de vidas, desplazamiento de familias, desigualdad y falta de desarrollo. Durante años, el acceso a un empleo digno, seguro y bien remunerado fue un privilegio al alcance de muy pocos, mientras la mayoría carecía de oportunidades reales para progresar y mejorar sus condiciones de vida.
En los últimos años, y gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad, de las autoridades y de empresas legalmente establecidas, se ha comenzado a trazar un nuevo camino: dejar atrás la violencia y apostar por el trabajo legal, por ingresos sostenibles y por una economía que genere bienestar colectivo. La gran mayoría de nuestra comunidad clama por empleo estable y seguro, como la mejor vía para superar décadas de rezago y desigualdad.
Desde el pasado 30 de julio de 2025, nuestra región afronta un estado de parálisis derivado de bloqueos que, por 10 días consecutivos, han restringido de manera severa la movilidad, el acceso seguro a la Mina Coscuez y, en general, las vías de comunicación hacia y desde el área y sus poblaciones circundantes, afectando también el transporte de insumos, bienes esenciales y personas.
Hoy, más de 400 trabajadores directos no han podido cumplir con sus funciones. Si consideramos un núcleo familiar promedio de 4 personas, hablamos de alrededor de 1.600 personas que han visto interrumpido su ingreso, afectando de forma directa su acceso a alimentación, vivienda, salud y educación.
El impacto se extiende mucho más allá de la nómina de la empresa: proveedores, contratistas, transportadores, comercios locales y negocios aliados en otras regiones dependen de manera directa e indirecta de esta operación. La paralización de actividades representa una pérdida estimada cercana a 6.000 millones de pesos mensuales que dejan de circular no solo en la economía local, sino también en la nacional, afectando el desarrollo, el empleo y la estabilidad de cientos de hogares.
Miembros de la comunidad expresan con preocupación: “Nos hemos sentido gravemente afectados en la economía porque la empresa no está ejecutando sus labores, lo que golpea tanto la economía local como la regional. Muchos negocios hoy acumulan pérdidas enormes; esta situación afecta a nuestros niños, las escuelas, el transporte y nuestras familias. La empresa, mal que bien, ayudaba a mantener vías que nadie más atendía, y ahora todos estamos en una situación extremadamente difícil.
Además, muchas personas se están tomando esto como algo personal, afectando las relaciones entre vecinos y amigos. Lo que sucede en el área es serio: se respira miedo y confusión; hay amenazas de que no podemos movernos ni comprar víveres en ciertos establecimientos por estar de un lado o del otro.
Desafortunadamente sentimos que estamos volviendo a las épocas oscuras de antes. Le imploramos al Gobierno que intervenga positivamente y logre resolver los conflictos. Queremos mantener la paz.
De persistir esta situación, los trabajadores y sus familias están a punto de quedarse sin ingresos, y la región se enfrentaría a la posibilidad de un cierre definitivo de la operación, lo que supondría un retroceso histórico, devolviendo a nuestra comunidad a un escenario de desempleo, pobreza y mayor vulnerabilidad social.
Esta no es únicamente una crisis laboral; es una emergencia social y humanitaria que amenaza el derecho a la vida, al trabajo protegido por la ley, a la estabilidad familiar y al progreso legítimo de toda una comunidad.
Por todo lo anterior, solicitamos a las autoridades nacionales, departamentales, municipales y a los organismos humanitarios que restablezcan de inmediato las condiciones que permitan el regreso al trabajo y garanticen el sustento de las familias afectadas, que protejan la integridad física, económica y social de quienes dependemos de esta actividad, y que faciliten espacios de diálogo constructivo que conduzcan a soluciones pacíficas y sostenibles para la región.
Este llamado no proviene únicamente de los trabajadores de una empresa: es la voz de una comunidad que conoce el dolor de la violencia y la desigualdad, y que hoy lucha por mantener viva la oportunidad de un futuro diferente, con empleo formal, ingresos legítimos y desarrollo para todos.
No hablamos solo de cifras: hablamos de mesas vacías, de niños que podrían abandonar sus estudios, de ancianos que dependen de estos recursos para sus medicinas y de familias enteras que, tras años de lucha por la paz y por llevar un plato de comida a sus hogares con la frente en alto, podrían ver truncados sus sueños”, recalcaron.
La reunión se adelantará en el Ministerio de Minas y Energía a la 1:30 de la tarde y están invitados el Gobernador y una delegación del gobierno departamental y delegación del gobierno nacional, con directivos de la empresa hindú Fura Gems, denominada en Colombia como Compañías Coscuez.