En una decisión que sacude el tablero electoral de la izquierda, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó este miércoles que el senador Iván Cepeda Castro no podrá participar en la consulta interpartidista del denominado ‘Frente por la Vida’, programada para el próximo 8 de marzo.
Con una votación de 6 a 4, y tras la intervención decisiva de conjueces, el tribunal electoral ratificó que Cepeda se encuentra inhabilitado para concurrir a este mecanismo. El argumento jurídico, basado en la Ley 1475 de 2011, sostiene que el congresista ya participó en un proceso de consulta previo —el del Pacto Histórico realizado en octubre de 2025—, lo que le impide legalmente presentarse a una segunda votación de la misma naturaleza en el mismo ciclo electoral.
La respuesta de Cepeda: «Nos vemos en mayo»
Lejos de dar un paso al costado en sus aspiraciones a la Casa de Nariño, Iván Cepeda reaccionó con contundencia a lo que calificó como una «decisión arbitraria» que busca frenar el avance de los sectores progresistas. A través de un pronunciamiento oficial, el candidato del oficialismo anunció que su campaña no se detiene y que, ante la imposibilidad de medirse en las urnas en marzo, asumirá el camino de la inscripción directa a la primera vuelta presidencial.
«Han intentado cerrarnos el camino mediante maniobras administrativas, pero nuestra candidatura nace de la voluntad popular expresada en octubre. Si no nos permiten estar en la consulta, nos veremos directamente en la primera vuelta para defender el legado de la paz y el cambio», afirmó Cepeda.
La determinación del CNE genera un sismo en la coalición de gobierno, que buscaba en la consulta de marzo unificar las fuerzas para llegar con un solo nombre a la contienda definitiva. Ahora, el ‘Frente por la Vida’ deberá decidir si continúa con el proceso entre los candidatos restantes —como Roy Barreras o Juan Fernando Cristo— o si se replantea la estrategia de cara a mayo.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro respaldó al senador y convocó a una «tutelatón» nacional, instando a los ciudadanos a interponer acciones judiciales para proteger el derecho a elegir y ser elegido de quien hoy lidera las encuestas en el sector oficialista.