La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el escrito de acusación, presentado ante un juez penal especializado de Bogotá, Ortiz habría transportado en vehículos oficiales cerca de 3.000 millones de pesos en efectivo, dinero que presuntamente terminó en manos del entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez, como parte de un acuerdo irregular para direccionar un contrato público.
De acuerdo con la investigación, el 12 de octubre de 2023, la exfuncionaria recibió en un apartamento del centro de Bogotá una maleta con 1.500 millones de pesos, entregada por los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez. Ese dinero habría sido trasladado al norte de la capital y entregado al senador Name Vásquez. Al día siguiente, en el mismo lugar, Ortiz habría recibido otra suma igual, también con el mismo destino.
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Los recursos, según la Fiscalía, provenían del presupuesto de la entidad y estaban dirigidos al pago de presuntas coimas ligadas a la adjudicación irregular de una orden de proveeduría para la compra de 40 carrotanques, destinados al suministro de agua potable en comunidades vulnerables de La Guajira.
El ente acusador imputó a Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, al considerar que tenía pleno conocimiento del origen ilícito del dinero y de su papel dentro de la operación.
La audiencia preparatoria de juicio fue fijada para el 19 de noviembre.
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