La decisión de retirar la iniciativa se produce en medio de fuertes cuestionamientos de gremios del sector digital y de movilidad.
El Gobierno nacional decidió retirar del Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, conocido como régimen sancionatorio del sector transporte, luego de reconocer interpretaciones erradas y controversias generadas por algunos de sus artículos.
El Ministerio de Transporte frenó su trámite supuestamente para ajustar su articulado, tras alertas por posibles sanciones desproporcionadas y efectos sobre empleo y movilidad.
La decisión se produce en medio de fuertes cuestionamientos de gremios del sector digital y de movilidad, que advertían que la iniciativa podía significar, en la práctica, la prohibición de las plataformas de transporte con vehículos particulares en Colombia.
El proyecto, radicado el pasado 20 de enero por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, planteaba nuevas herramientas de inspección, vigilancia y control frente al transporte informal e ilegal.
Sin embargo, su alcance fue leído por amplios sectores como una virtual prohibición del uso de aplicaciones como Uber, Didi o Yango, con multas que podrían llegar hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada servicio realizado.
El anuncio fue confirmado por Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el proyecto será ajustado para ofrecer mayor claridad normativa y reflejar de manera más precisa los acuerdos discutidos en las mesas de negociación con los gremios de carga. Según el funcionario, el retiro busca corregir interpretaciones que no correspondían al espíritu de la iniciativa y evitar confusiones en la opinión pública.
Antes del retiro del proyecto, Alianza In Colombia había advertido que el articulado radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte representaba uno de los mayores retrocesos en materia de innovación y movilidad. De acuerdo con el gremio, el régimen sancionatorio propuesto transformaba la actual indefinición regulatoria de las plataformas en una ilegalidad explícita, afectando a cientos de miles de conductores y a millones de usuarios.
José Daniel López, presidente ejecutivo del gremio, sostuvo que el proyecto imponía un enfoque punitivo que permitía la suspensión inmediata de operaciones, la inmovilización de vehículos por hasta 120 días y la aplicación de multas consideradas desproporcionadas, como sanciones de más de $4,7 millones por cada viaje o multas generales de hasta $2.179 millones cuando no existiera sanción específica. Estas medidas, según el gremio, hacían inviable la prestación del servicio y restringían la libertad de elección de los usuarios.
El texto del proyecto también extendía las responsabilidades sancionatorias a terceros, como propietarios de vehículos y administradores de propiedad horizontal, con multas que podían oscilar entre 1.000 y 60.000 UVB, equivalentes a montos cercanos entre $10 millones y $726 millones. Además, facultaba a alcaldes para desactivar puntos de recogida en hoteles y centros comerciales, lo que, según Alianza In Colombia, generaba un veto de facto al acceso de vehículos asociados a plataformas.
Otro de los puntos más controvertidos fue el denominado “efecto mordaza”, que exponía a congresistas y servidores públicos a investigaciones o sanciones por pronunciarse a favor de estas actividades económicas, limitando el debate democrático y el control político sobre una política pública de alto impacto social. El gremio recordó que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca han instado a avanzar en regulación y han reconocido que el uso de plataformas de movilidad se relaciona con el acceso a avances científicos y tecnológicos.
Según cifras citadas por Alianza In Colombia, en el país existen más de 1,28 millones de cuentas de conductores que generan ingresos a través de plataformas digitales de movilidad y más de 21,5 millones de cuentas de usuarios que utilizan estas aplicaciones como alternativa cotidiana. Estos datos coinciden con la Encuesta Polimétrica 2024 de Cifras y Conceptos, que muestra un amplio respaldo ciudadano a la regulación de estas plataformas, así como al reconocimiento de su aporte a la movilidad y a la generación de ingresos.
El gremio insistió en que inmovilizar vehículos por largos periodos o imponer sanciones económicas elevadas no fortalece la supervisión, sino que afecta directamente el sustento de las familias que dependen de esta actividad. En ese contexto, reiteró su llamado a construir un marco regulatorio moderno, basado en el diálogo, la inclusión y la innovación.
*Con información de EL TIEMPO Y El Colombiano