La red hospitalaria pública de Boyacá le cortó los servicios a la EPS intervenida por el Gobierno nacional, por la millonaria deuda.
Los gerentes de los hospitales de Boyacá se han mostrado sorprendidos con la respuesta y el desinterés de los interventores de la Nueva EPS, para reanudar los servicios que les fueron suspendidos a cerca de 525.000 usuarios en Boyacá desde hace ya una semana.
Desde este primero de enero, hospitales como el San Rafael de Tunja y el Regional de Sogamoso, al igual que el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, suspendieron la prestación de servicios a los usuarios de Nueva EPS, por la millonaria deuda que tiene la entidad.
La EPS, intervenida por la Supersalud, le adeuda al Hospital Universitario San Rafael de Tunja hasta el momento 137.514 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 42 % de la facturación total de la institución, mientras que al Hospital Regional de Sogamoso le adeuda más de 37.000 millones de pesos, que corresponden a cerca del 45 por ciento de la facturación y al Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB) 5.491 millones de pesos.
La suspensión de servicios para el caso del Hospital San Rafael incluye la restricción de consultas externas especializadas, cirugías programadas y procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico.
Entre los principales incumplimientos señalados se encuentran la falta de pago oportuno, la negativa a aceptar la parametrización de las tarifas institucionales, la notificación masiva de glosas consideradas injustificadas y la inexistencia de espacios reales y eficaces para su conciliación.
“Ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nueva EPS durante la primera semana de diciembre y una deuda que se acerca a los 140 mil millones de pesos, el hospital se vio obligado a tomar medidas que permitan proteger su sostenibilidad financiera y garantizar una atención segura y de calidad para todos los usuarios”, dijo Germán Francisco Pertuz, gerente del Hospital San Rafael.
Pertuz confirmó que la medida fue informada oficialmente a la Secretaría de Salud de Boyacá, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Defensoría del Pueblo. Además, reveló que en una reciente reunión virtual con directivos de la Nueva EPS no se logró ningún avance.
“Ellos manifestaron que no tienen recursos por los múltiples embargos y solo ofrecieron pagar el 70 por ciento de lo facturado mensualmente, cuando la norma exige como mínimo el 80 por ciento y pues quiero que me entiendan, en esas condiciones, el hospital no puede sentarse a negociar”, aseguró.
Frente a lo que viene ocurriendo en Boyacá, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó un plan de contingencia para garantizar la atención de los usuarios, sin embargo, la única salida que le queda a la intervenida EPS es remitir pacientes a Bogotá, a Bucaramanga o a otras partes del país, porque varios de los servicios que tiene el San Rafael, como único hospital de tercer nivel, no existen en ninguna otra institución del departamento.
Solo en el San Rafael, los cerca de 525.000 afiliados de la Nueva EPS tanto de régimen contributivo como subsidiado, dejarán de acceder a más de 9.500 citas mensuales en consulta externa especializada, procedimientos especiales y cirugías programadas. Asimismo, alrededor de 290 cirugías mensuales no podrán llevarse a cabo bajo este convenio, lo que incrementa la presión sobre la red hospitalaria del departamento.
La secretaria de Salud de Boyacá, Ingrid Galán, expresó su preocupación por la crisis que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS en el departamento y solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la adopción de acciones urgentes que permitan superar la situación: “Confío en que se logre un acuerdo rápido y se establezca un plan de pagos serio y verificable que garantice el flujo de recursos hacia la red hospitalaria de Boyacá, responsable de la atención de miles de boyacenses”.